La Alcaldía Local de Fontibón lideró un operativo interinstitucional de alto impacto en un predio ubicado en el Canal del Río Fucha (Calle 17 No. 72-15, límite con la localidad de Kennedy), que había sido ocupado de forma irregular durante más de diez años. La intervención se activó tras una alerta ciudadana que puso en evidencia situaciones de riesgo, actividades delictivas y presencia de población vulnerable.
Durante la Megatoma, tres personas fueron capturadas: dos por hurto de mobiliario público y defraudación de servicios, y una más con orden judicial vigente por feminicidio y hurto agravado. Se desmanteló una recicladora ilegal sin documentación ni permisos, y se hallaron luminarias, tapas de alcantarilla, señales de tránsito y otros elementos hurtados del mobiliario urbano. Además, se detectaron conexiones fraudulentas a servicios de energía y agua.
La intervención también permitió atender a siete menores de edad y sus madres, remitidos al ICBF; un joven migrante sin documentación fue abordado por Migración Colombia; y una familia de la comunidad Wayúu fue trasladada a un hotel temporal gestionado por la Secretaría de Integración Social. En total, se recuperaron más de 3.700 m² de espacio público, se recolectaron más de 30 toneladas de basura, y se rescataron 23 animales, que fueron acogidos por una fundación especializada.
La jornada contó con el apoyo de entidades distritales y de seguridad, entre ellas Secretaría Distrital de Integración Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia, Migración Colombia, Enel Codensa, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Batallón de Policía Militar No. 13, Policía Metropolitana de Bogotá – Estación Novena de Fontibón y Secretaría Distrital de Gobierno.
Esta Megatoma demuestra la importancia de la articulación entre las instituciones y la participación activa de la ciudadanía. La recuperación de este espacio representa un avance significativo en materia de seguridad y dignidad para el territorio, y reafirma el compromiso de la administración local con la protección de los derechos y la presencia efectiva del Estado en zonas vulnerables.
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